El Parlamento Europeo vota esta semana un informe sobre las emisiones de aviones que producen efecto invernadero en el que el eurodiputado socialista abogará por dar un trato especial a las islas.
El eurodiputado socialista Manuel MEDINA apoyará una enmienda en la se que solicitan medidas específicas en la aplicación del nuevo régimen de acuerdo con las condiciones del archipiélago canario. "Una repercusión plena del coste de estas emisiones en el transporte aéreo tendría un efecto muy negativo sobre la economía de estos territorios, especialmente el turismo, y sobre la movilidad de los ciudadanos de estas regiones", ha señalado
jueves, 20 de diciembre de 2007
sábado, 15 de diciembre de 2007
Medina pide a Europa que agilice la concesión de fondos para catástrofes
El eurodiputado socialista Manuel Medina ha solicitado al Consejo de la Unión Europea (UE), durante el pleno de la Eurocámara celebrado en Estrasburgo (Francia), la “urgente aprobación del Reglamento que ha propuesto el Ejecutivo comunitario sobre el Fondo de Solidaridad para el caso de catástrofes naturales”, como los incendios ocurridos en Canarias el pasado verano.
Medina ha lamentado la “falta de preparación y previsión de la UE con respecto a los incendios que arrasaron Grecia y causaron graves daños a los recursos forestales canarios el pasado verano”, indica el comunicado.
Por ello, el eurodiputado socialista ha reclamado al “Consejo que apruebe lo antes posible el Reglamento que permitirá contar con los medios adecuados para prevenir las catástrofes naturales de gran envergadura y ayudar a paliar sus consecuencias”.
Finalmente, Manuel Medina “ha expresado su esperanza de que antes del próximo verano se pueda contar con los recursos del Fondo de Solidaridad necesarios para enfrentarse a este tipo de desastres”, concluye el texto.
Medina ha lamentado la “falta de preparación y previsión de la UE con respecto a los incendios que arrasaron Grecia y causaron graves daños a los recursos forestales canarios el pasado verano”, indica el comunicado.
Por ello, el eurodiputado socialista ha reclamado al “Consejo que apruebe lo antes posible el Reglamento que permitirá contar con los medios adecuados para prevenir las catástrofes naturales de gran envergadura y ayudar a paliar sus consecuencias”.
Finalmente, Manuel Medina “ha expresado su esperanza de que antes del próximo verano se pueda contar con los recursos del Fondo de Solidaridad necesarios para enfrentarse a este tipo de desastres”, concluye el texto.
martes, 2 de octubre de 2007
Tomás Pérez destaca la receptividad de Bruselas a las compensaciones de la vía La Aldea-Agaete
El alcalde de La Aldea se reunió el martes 25 de septiembre, junto a Manuel Medina (PSOE), con el comisario de Medio Ambiente para trasladarle el proyecto de una carretera que respeta el equilibro entre el medio ambiente y la necesidad de comunicación y la seguridad. Dimas muestró su preocupación por los efectos del incendio de Gran Canaria y pide el mantenimiento del cultivo de tomate.
La Comisión Europea se mostró receptiva ante las medidas correctoras de los efectos medioambientales previstas en el proyecto de construcción de la autovía entre La Aldea de San Nicolás y Agaete, así lo aseguró el alcalde del primero de ambos municipios grancanarios, Tomás Pérez, tras el encuentro que mantuvo en Estrasburgo (Francia) con el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas.
"El comisario ha sido muy receptivo" y "ha considerado las medidas" correctoras "como muy positivas", subrayó Pérez quien explicó detalladamente a Dimas en que consisten estas medidas que incluyen aspectos como el soterramiento del cableado energético, la reforestación de determinadas especies y la reducción en la emisión de contaminantes al eliminar las pendientes y acortar las distancias. Ésta última despertó un gran interés por parte del máximo responsable comunitario de Medio Ambiente, según el alcalde de La Aldea.
Tomas Pérez trasladó al comisario europeo que "queremos la mejor carretera", por tanto, la vía que obtenga el "equilibrio" entre el "respeto al medio ambiente", a través de las medidas compensatorias, y la mejora de la "comunicación" y de la "seguridad" vial para el municipio grancanario.
Por su parte, el comisario europeo confirmó que sus servicios están "trabajando" en este expediente aunque no adelantó fechas ni plazos sobre la decisión del Ejecutivo comunitario, expresó el alcalde de La Aldea de San Nicolás.
Asimismo, Pérez comunicó a Dimas la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que rechaza el recurso presentado por la organización ecologista Ben Magec contra el impacto de la carretera entre La Aldea y Agaete.
El alcalde del municipio grancanario estuvo acompañado en este encuentro por el eurodiputado canario del Partido Socialista (PSOE), Manuel Medina, quien coincidió en destacar la "actitud muy favorable" del comisario europeo de Medio Ambiente que se ha comprometido a que "no haya retraso en la tramitación del expediente".
Medina recordó que, al afectar a un espacio natural protegido, la Comisión Europea debe decir si las compensaciones previstas en el proyecto son las adecuadas. Al respecto, el eurodiputado socialista subrayó la satisfacción de Stavros Dimas ante la "reducción de la contaminación medioambiemtal" que supone el paso de una carretera de 37 a 18 kilómetros.
INTERÉS POR EL INCENDIO Y POR EL TOMATE
Tanto Pérez como Medina resaltaron el interés del comisario europeo de Medio Ambiente por las consecuencias del incendio que asoló este verano la isla de Gran Canaria, ante lo cual el alcalde de La Aldea le informó de las medidas de reforestación que se están llevando a cabo.
Asimismo, Dimas cuestionó por el estado del cultivo del tomate afectado por el fuego y animó al municipio grancanario a mantener este sector.
jueves, 20 de septiembre de 2007
Los sobresaltos financieros de 2007 y las hipotecas
El verano de 2007 no ha sido un período fácil para los mercados financieros. La caída de importantes sociedades norteamericanas vinculadas a las hipotecas con bajo nivel de garantías (sub-prime mortages) dejó sentir sus efectos sobre las bolsas mundiales, que experimentaron pérdidas considerables durante el mes de agosto. El sistema norteamericano de la Reserva Federal, que es en la práctica el banco central de los Estados Unidos, tuvo que reducir los tipos de interés en medio punto. El Banco Central Europeo, empeñado hasta ahora en incrementar los tipos de interés para reducir el peligro de inflación, ha inyectado más de doscientos mil millones de euros en el sistema financiero europeo con el objetivo de impedir que la banca europea sufra un colapso. El resultado de estas y otras medidas adoptadas por diferentes bancos centrales ha sido una relativa estabilidad de los mercados y un ligero reajuste en las paridades de las principales monedas, sobre todo entre el dólar y el euro.
La cuestión sigue abierta, sin embargo. Los desajustes del sistema financiero mundial son demasiado grandes como para que basten simples medidas coyunturales para calmar las aguas. En especial, se abren interrogantes sobre el futuro del euro y sobre los intereses de las hipotecas en Europa.
Aunque una parte importante de la opinión pública europea culpa al euro de la inflación y otros males económicos como la caída del turismo, la realidad es que la moneda común europea ha dado a nuestras economías una gran estabilidad y que el euro se configura cada vez más como una moneda de reserva en competencia con el hasta hace poco tiempo omnipotente dólar.
El guardián del euro ha sido el Banco Central Europeo. En los últimos años, bajo la presidencia del francés Jean-Claude Trinchet, con la constante presión de Alemania, el Banco Central Europeo se ha dedicado a conjurar el peligro de inflación mediante subidas paulatinas y continuas de los tipos de interés: ocho subidas de un cuarto de punto en dos años, para pasar de dos a cuatro puntos porcentuales. Para este año se habían previsto otras dos subidas de un cuarto de punto, para colocar el interés básico en un 4,5%. El resultado de estas subidas ha sido el aumento del Euríbor y, en consecuencia, del coste de las hipotecas.
Por otro lado, la inflación parece hoy controlada en la Eurozona con sólo un 1,8% de crecimiento anual. Si los mercados se enfrentan ahora a una crisis de liquidez y el Banco Central Europeo ha tenido que inyectar más de 200.000 millones de euros para corregir esa crisis, cabe preguntarse si tiene sentido continuar con las subidas de tipos anunciadas para este año. Para los consumidores europeos sería una buena noticia el que se interrumpieran esas subidas, lo que les permitiría enfrentarse mejor con la considerable deuda hipotecaria hoy existente en Europa. Las últimas declaraciones del Sr. Trichet abren la posibilidad de que no se produzcan nuevas subidas de los tipos de interés en Europa en los próximos meses.
La cuestión sigue abierta, sin embargo. Los desajustes del sistema financiero mundial son demasiado grandes como para que basten simples medidas coyunturales para calmar las aguas. En especial, se abren interrogantes sobre el futuro del euro y sobre los intereses de las hipotecas en Europa.
Aunque una parte importante de la opinión pública europea culpa al euro de la inflación y otros males económicos como la caída del turismo, la realidad es que la moneda común europea ha dado a nuestras economías una gran estabilidad y que el euro se configura cada vez más como una moneda de reserva en competencia con el hasta hace poco tiempo omnipotente dólar.
El guardián del euro ha sido el Banco Central Europeo. En los últimos años, bajo la presidencia del francés Jean-Claude Trinchet, con la constante presión de Alemania, el Banco Central Europeo se ha dedicado a conjurar el peligro de inflación mediante subidas paulatinas y continuas de los tipos de interés: ocho subidas de un cuarto de punto en dos años, para pasar de dos a cuatro puntos porcentuales. Para este año se habían previsto otras dos subidas de un cuarto de punto, para colocar el interés básico en un 4,5%. El resultado de estas subidas ha sido el aumento del Euríbor y, en consecuencia, del coste de las hipotecas.
Por otro lado, la inflación parece hoy controlada en la Eurozona con sólo un 1,8% de crecimiento anual. Si los mercados se enfrentan ahora a una crisis de liquidez y el Banco Central Europeo ha tenido que inyectar más de 200.000 millones de euros para corregir esa crisis, cabe preguntarse si tiene sentido continuar con las subidas de tipos anunciadas para este año. Para los consumidores europeos sería una buena noticia el que se interrumpieran esas subidas, lo que les permitiría enfrentarse mejor con la considerable deuda hipotecaria hoy existente en Europa. Las últimas declaraciones del Sr. Trichet abren la posibilidad de que no se produzcan nuevas subidas de los tipos de interés en Europa en los próximos meses.
miércoles, 4 de julio de 2007
El Parlamento Europeo
Política y sociedad, ISSN 1130-8001, Nº 28, 1998
El establecimiento de una institución parlamentada en el seno de una organización intergubernamental es un fenómeno relativamente reciente (posterior a la segunda guerra mundial) y no exento de contradicciones. Las organizaciones intergubernamentales, por definición, integran a los gobiernos de Estados independientes y soberanos y, en cuanto tales, se componen de representantes de los gobiernos aunque éstos puedan estar representados en dos o más niveles.
Por ejemplo, la ONU está integrada por Estados, y sus instituciones principales (la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo económico y Social etc.) se componen de representantes de los gobiernos de los Estados miembros. Es cierto que, con el desarrollo de las organizaciones internacionales a partir de la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a aparecer instituciones en las que participan representantes de instituciones no gubernamentales (Asamblea de la 0.1.1., por ejemplo) u órganos jurisdiccionales (Tribunal Internacional de Justicia en el marco de la ONU) o ejecutivos (Secretario General de la ONU, p. ej.) integrados por personas designadas a titulo individual y no como representantes de uno u otro gobierno. Pero la participación de instituciones parlamentarias rompe de modo más profundo la estructura intergubernamental de las organizactones internacionales, al aparecer en el ámbito internacional representantes «del pueblo», que en las constituciones modernas es el titular de la soberanía nacional. Tenemos así una doble proyección del Estado en el ámbito internacional, a través de los órganos gubernamentales que asumen normalmente la representación en el exterior, o por representantes elegidos directa o indirectamente por el titular de la soberanía. Teniendo en cuenta que los gobiernos vinculan a los Estados en su conjunto en la acción exterior, cabe preguntarse que hueco cabe dar a la representación popular en las actuales organizaciones internacionales.
Hemos de entender, por ello, que la aparicion de asambleas de representación popular en las organizaciones europeas creadas a partir de 1945 tenía una función simbólica, sin existir una intención por parte de los gobiernos de atribuirles poderes reales. La Asamblea del Consejo de Europa fue calificada de «consultiva » en el Tratado fundacional, y ni ésta ni la Asamblea parlamentaria de la UEO han asumido poderes concretos fuera de los consultivos ya mencionados. Ni la Asamblea parlamentada del Atlántico Norte, ni el Parlamento latinoamericano, ni el Parlamento centroamericano están vinculados a organizaciones, por lo que carecen de poderes reales.
La gran excepción a este respecto es el Parlamento europeo. Creado como «Asamblea» o «Asamblea parlamentada» de las tres Comunidades europeas en la década de los años cincuenta, ha ido adquiriendo de modo paulatino poderes que le equiparan cada vez más a un parlamento nacional. Podría alegarse como baza para este reconocimiento de los poderes de una Asamblea parlamentaria en la Unión europea el carácter «supranacional» de las Comunidades. Pero si leemos con atención el Tratado de Unión de 1992, encontraremos que sus redactores han eludido toda referencia a la supranacionalidad, o incluso a cualquier conceptuación como la «federal», que pudiera asimilar la Unión a un Estado soberano. El Tribunal constitucional alemán en su sentencia de 12 de octubre de 1993 sobre la ratificación del Tratado de Maastricht, ha declarado que la Union no es una «confederación» (Staatenbund) ni un «Estado federal» (Rundesstaat) sino una agrupación de Estados (Staatenverband) inscribiéndose así en la órbita de las organizaciones internacionales.
Si nos fijamos en el art. A del Tratado de Unión de 1992 podemos encontrar, sin embargo, alguna explicación hoy para la presencia de una institución parlamentada con facultades decisodas en el seno de una organización internacional. Aunque la Unión está integrada por Estados (párr. 10), su finalidad es estrechar las relaciones entre los pueblos de Europa, mediante un proceso en el que las decisiones se adoptan de la forma más próxima posible a los ciudadanos (párr. 20). Además, no es sólo misión de la Unión organizar «de modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros» sino también «entre sus pueblos» (párr. 30)•
El recordatorio, en el Tratado de 1992, de que los sistemas de gobierno de los Estados miembros se inspiran en los principios democráticos (art. F-l) y en el respeto de las tradiciones constitucionales comunes como principios generales del Derecho comunitario (art. F, ap. 2) explican que sea necesaria en la Unión la existencia de una institución como el Parlamento que está integrada «por representantes de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad» (art. 137 TCE).
Hay en el sistema institucional de la Unión Europea atisbos del principio de separación de poderes, sobre todo por la presencia de un Tribunal de Justicia que adopta decisiones obligatorias en la interpretación y aplicación del derecho comunitado. Pero el Consejo concentra en sus manos poderes ejecutivos y legislativos de un modo que no sería tolerado por los sistemas constitucionales de los Estados miembros. La Comisión ejerce sus funciones de ejecución normativa sobre la base de delegaciones de poder del Consejo (art. 155, 40 guión), que éste vígila celosamente a través del sistema de la «comitologia». En materia legislativa, sólo se dan ciertos poderes de «codecisión» y «consulta » del Parlamento, mientras que el Consejo mantiene intactas competencias legislativas plenas en amplios campos de la acción comunitaria. Sólo en materia presupuestada y en la conclusión de acuerdos internacionales, así como en el control de la Comisión, ha conseguido el Parlamento poderes indiscutidos, aunque también en relación con el Consejo.
El establecimiento de una institución parlamentada en el seno de una organización intergubernamental es un fenómeno relativamente reciente (posterior a la segunda guerra mundial) y no exento de contradicciones. Las organizaciones intergubernamentales, por definición, integran a los gobiernos de Estados independientes y soberanos y, en cuanto tales, se componen de representantes de los gobiernos aunque éstos puedan estar representados en dos o más niveles.
Por ejemplo, la ONU está integrada por Estados, y sus instituciones principales (la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo económico y Social etc.) se componen de representantes de los gobiernos de los Estados miembros. Es cierto que, con el desarrollo de las organizaciones internacionales a partir de la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a aparecer instituciones en las que participan representantes de instituciones no gubernamentales (Asamblea de la 0.1.1., por ejemplo) u órganos jurisdiccionales (Tribunal Internacional de Justicia en el marco de la ONU) o ejecutivos (Secretario General de la ONU, p. ej.) integrados por personas designadas a titulo individual y no como representantes de uno u otro gobierno. Pero la participación de instituciones parlamentarias rompe de modo más profundo la estructura intergubernamental de las organizactones internacionales, al aparecer en el ámbito internacional representantes «del pueblo», que en las constituciones modernas es el titular de la soberanía nacional. Tenemos así una doble proyección del Estado en el ámbito internacional, a través de los órganos gubernamentales que asumen normalmente la representación en el exterior, o por representantes elegidos directa o indirectamente por el titular de la soberanía. Teniendo en cuenta que los gobiernos vinculan a los Estados en su conjunto en la acción exterior, cabe preguntarse que hueco cabe dar a la representación popular en las actuales organizaciones internacionales.
Hemos de entender, por ello, que la aparicion de asambleas de representación popular en las organizaciones europeas creadas a partir de 1945 tenía una función simbólica, sin existir una intención por parte de los gobiernos de atribuirles poderes reales. La Asamblea del Consejo de Europa fue calificada de «consultiva » en el Tratado fundacional, y ni ésta ni la Asamblea parlamentaria de la UEO han asumido poderes concretos fuera de los consultivos ya mencionados. Ni la Asamblea parlamentada del Atlántico Norte, ni el Parlamento latinoamericano, ni el Parlamento centroamericano están vinculados a organizaciones, por lo que carecen de poderes reales.
La gran excepción a este respecto es el Parlamento europeo. Creado como «Asamblea» o «Asamblea parlamentada» de las tres Comunidades europeas en la década de los años cincuenta, ha ido adquiriendo de modo paulatino poderes que le equiparan cada vez más a un parlamento nacional. Podría alegarse como baza para este reconocimiento de los poderes de una Asamblea parlamentaria en la Unión europea el carácter «supranacional» de las Comunidades. Pero si leemos con atención el Tratado de Unión de 1992, encontraremos que sus redactores han eludido toda referencia a la supranacionalidad, o incluso a cualquier conceptuación como la «federal», que pudiera asimilar la Unión a un Estado soberano. El Tribunal constitucional alemán en su sentencia de 12 de octubre de 1993 sobre la ratificación del Tratado de Maastricht, ha declarado que la Union no es una «confederación» (Staatenbund) ni un «Estado federal» (Rundesstaat) sino una agrupación de Estados (Staatenverband) inscribiéndose así en la órbita de las organizaciones internacionales.
Si nos fijamos en el art. A del Tratado de Unión de 1992 podemos encontrar, sin embargo, alguna explicación hoy para la presencia de una institución parlamentada con facultades decisodas en el seno de una organización internacional. Aunque la Unión está integrada por Estados (párr. 10), su finalidad es estrechar las relaciones entre los pueblos de Europa, mediante un proceso en el que las decisiones se adoptan de la forma más próxima posible a los ciudadanos (párr. 20). Además, no es sólo misión de la Unión organizar «de modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros» sino también «entre sus pueblos» (párr. 30)•
El recordatorio, en el Tratado de 1992, de que los sistemas de gobierno de los Estados miembros se inspiran en los principios democráticos (art. F-l) y en el respeto de las tradiciones constitucionales comunes como principios generales del Derecho comunitario (art. F, ap. 2) explican que sea necesaria en la Unión la existencia de una institución como el Parlamento que está integrada «por representantes de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad» (art. 137 TCE).
Hay en el sistema institucional de la Unión Europea atisbos del principio de separación de poderes, sobre todo por la presencia de un Tribunal de Justicia que adopta decisiones obligatorias en la interpretación y aplicación del derecho comunitado. Pero el Consejo concentra en sus manos poderes ejecutivos y legislativos de un modo que no sería tolerado por los sistemas constitucionales de los Estados miembros. La Comisión ejerce sus funciones de ejecución normativa sobre la base de delegaciones de poder del Consejo (art. 155, 40 guión), que éste vígila celosamente a través del sistema de la «comitologia». En materia legislativa, sólo se dan ciertos poderes de «codecisión» y «consulta » del Parlamento, mientras que el Consejo mantiene intactas competencias legislativas plenas en amplios campos de la acción comunitaria. Sólo en materia presupuestada y en la conclusión de acuerdos internacionales, así como en el control de la Comisión, ha conseguido el Parlamento poderes indiscutidos, aunque también en relación con el Consejo.
domingo, 1 de julio de 2007
La configuración del Estado nacional en la Europa supranacional
La discusión que está teniendo lugar en España sobre el sistema autonómico suele prescindir de una perspectiva esencial para comprender las cosas y el encauzamiento del proceso político.
El Estado moderno surgió en Europa en los albores de la Edad moderna para dar paz y seguridad a los pueblos, que eran entonces víctimas de enfrentamientos entre los señores feudales y otros príncipes que recurrían a la violencia en su propio beneficio. Los monarcas absolutos (Reyes Católicos, Enrique VIII de Inglaterra, Luis XIV de Francia, etc.) centralizaron el poder en sus manos en el interior y proclamaron su "soberanía" hacia el exterior, lo que suponía el rechazo de toda ingerencia externa en la gestión de los asuntos internos del Estado y la centralización del poder en el interior, que iba indisolublemente unida a la afirmación de la soberanía frente al exterior.
La Unión Europea ha creado unas condiciones en las que una noción tan rígida del Estado carece de sentido. Cada Estado mantiene su independencia a pesar de haberse transferido a instituciones supranacionales importantes poderes en materia económica, en política exterior e incluso en seguridad interior. Nadie amenaza nuestra seguridad, lo que facilita la defensa del Estado sin tener que mantener rígidamente el poder centralizado.
En la Europa supranacional, la soberanía se desdibuja y esto permite aceptar formas flexibles de poder del Estado. El reciente acuerdo de paz sobre Irlanda del Norte, por ejemplo, otorga ciertas facultades a la República de Irlanda sobre los condados llamados del "Ulster" por los británicos en el norte de la Isla a pesar de que éstos siguen sometidos a la soberanía del Reino Unido. Del mismo modo, el acuerdo entre España e Inglaterra sobre el aeropuerto de Gibraltar permite la utilización conjunta del mismo por dos países sin tener que esperar a una solución definitiva del contencioso relativo a la soberanía sobre el territorio en su conjunto y, en particular, sobre el estatuto de la "zona neutral" en la que se construyó dicho aeropuerto.
Del mismo modo, la supranacionalidad ha facilitado el desarrollo de formas federales, e incluso confederales de gobierno en el interior de los Estados miembros, como el federalismo en Alemania, Austria y Bélgica, las formas de autogobierno asimétricas en ciertas regiones de Inglaterra, Italia y Portugal o el Estado español de las autonomías.
Durante la actual legislatura, el Gobierno español se ha empeñado en un desarrollo del Estado autonómico que complete el cuadro establecido por la Constitución hace treinta años. Entre las adaptaciones que se están llevando a cabo merece especial mención la incorporación de representantes de las comunidades autónomas en las delegaciones de España en el Consejo de la Unión Europea. Esta participación en órganos supranacionales es la consecuencia natural de la ampliación de las competencia autonómicas.
En muchos casos, el Estado español tiene que responder por comportamientos de gobiernos autónomos contrarios a la normativa comunitaria. Ahora bien, las normas de la Unión de carácter vinculante son también obligatorias para los gobiernos autonómicos. En consecuencia, cualquier autoridad o particular puede exigir que los gobiernos autonómicos y locales cumplan con la normativa de la Unión, pudiendo invocar esas normas en los tribunales de justicia.
En definitiva, el aumento de competencias de las comunidades autónomas acarrea un incremento de las responsabilidades de éstas en la esfera internacional. Si se amplían las competencias de nuestra comunidad, por ejemplo, en los espacios marítimos, tal cambio impondría un aumento de las responsabilidades, mediante el despliegue de unidades navales para el salvamento y para el control de la inmigración, lo que tendría consecuencias presupuestarias. Yo diría que las dificultades en este ámbito no son jurídicas sino políticas, por el mayor coste que pueda suponer para los contribuyentes la asunción de competencias más amplias de la propia comunidad autónoma.
El Estado moderno surgió en Europa en los albores de la Edad moderna para dar paz y seguridad a los pueblos, que eran entonces víctimas de enfrentamientos entre los señores feudales y otros príncipes que recurrían a la violencia en su propio beneficio. Los monarcas absolutos (Reyes Católicos, Enrique VIII de Inglaterra, Luis XIV de Francia, etc.) centralizaron el poder en sus manos en el interior y proclamaron su "soberanía" hacia el exterior, lo que suponía el rechazo de toda ingerencia externa en la gestión de los asuntos internos del Estado y la centralización del poder en el interior, que iba indisolublemente unida a la afirmación de la soberanía frente al exterior.
La Unión Europea ha creado unas condiciones en las que una noción tan rígida del Estado carece de sentido. Cada Estado mantiene su independencia a pesar de haberse transferido a instituciones supranacionales importantes poderes en materia económica, en política exterior e incluso en seguridad interior. Nadie amenaza nuestra seguridad, lo que facilita la defensa del Estado sin tener que mantener rígidamente el poder centralizado.
En la Europa supranacional, la soberanía se desdibuja y esto permite aceptar formas flexibles de poder del Estado. El reciente acuerdo de paz sobre Irlanda del Norte, por ejemplo, otorga ciertas facultades a la República de Irlanda sobre los condados llamados del "Ulster" por los británicos en el norte de la Isla a pesar de que éstos siguen sometidos a la soberanía del Reino Unido. Del mismo modo, el acuerdo entre España e Inglaterra sobre el aeropuerto de Gibraltar permite la utilización conjunta del mismo por dos países sin tener que esperar a una solución definitiva del contencioso relativo a la soberanía sobre el territorio en su conjunto y, en particular, sobre el estatuto de la "zona neutral" en la que se construyó dicho aeropuerto.
Del mismo modo, la supranacionalidad ha facilitado el desarrollo de formas federales, e incluso confederales de gobierno en el interior de los Estados miembros, como el federalismo en Alemania, Austria y Bélgica, las formas de autogobierno asimétricas en ciertas regiones de Inglaterra, Italia y Portugal o el Estado español de las autonomías.
Durante la actual legislatura, el Gobierno español se ha empeñado en un desarrollo del Estado autonómico que complete el cuadro establecido por la Constitución hace treinta años. Entre las adaptaciones que se están llevando a cabo merece especial mención la incorporación de representantes de las comunidades autónomas en las delegaciones de España en el Consejo de la Unión Europea. Esta participación en órganos supranacionales es la consecuencia natural de la ampliación de las competencia autonómicas.
En muchos casos, el Estado español tiene que responder por comportamientos de gobiernos autónomos contrarios a la normativa comunitaria. Ahora bien, las normas de la Unión de carácter vinculante son también obligatorias para los gobiernos autonómicos. En consecuencia, cualquier autoridad o particular puede exigir que los gobiernos autonómicos y locales cumplan con la normativa de la Unión, pudiendo invocar esas normas en los tribunales de justicia.
En definitiva, el aumento de competencias de las comunidades autónomas acarrea un incremento de las responsabilidades de éstas en la esfera internacional. Si se amplían las competencias de nuestra comunidad, por ejemplo, en los espacios marítimos, tal cambio impondría un aumento de las responsabilidades, mediante el despliegue de unidades navales para el salvamento y para el control de la inmigración, lo que tendría consecuencias presupuestarias. Yo diría que las dificultades en este ámbito no son jurídicas sino políticas, por el mayor coste que pueda suponer para los contribuyentes la asunción de competencias más amplias de la propia comunidad autónoma.
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