Manuel Medina participa en la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el refréndum constitucional de Ecuador

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), que ha acompañado el proceso electoral del referéndum constitucional desde el pasado 6 de septiembre, presentará las conclusiones de su trabajo de observación el próximo martes día 30 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, en el Salón Saint Moritz D del Swissôtel de Quito.



El Sí gana con más del 60% de los votos

Con el 80% de los votos escrutados, el Tribunal Supremo electoral concede el 63,86% de los votos al Sí, el 28,29% al No, el 0,68% al voto blanco y el 7,17% a los votos nulos. Según el escrutinio provisional, el No sólo se habría impuesto al Sí en la provincias de Guayas (incluyendo a su capital, Guayaquil), Napo y Orellana, en este último caso sólo tras añadir al No los votos nulos. Los medios destacan el carácter pacífico de la votación.

La gestión internacional de la crisis financiera norteamericana

Siempre que se produce una situación crítica en la economía mundial salta la comparación con la "Gran Depresión" de 1929. Recientemente, Alan Greenspan, prestigioso ex-presidente de la Reserva Federal norteamericana, ha dicho que la crisis actual puede ser la más importante en un siglo, lo que reducirá el "crack" de 1929 a una mera anécdota. Las recientes decisiones y propuestas dramáticas de la administración federal de los Estados Unidos dirigidas a paliar el impacto de la crisis, que costarían a los contribuyentes norteamericanos del orden de un billón de dólares (un trillón según la forma de contar en los Estados Unidos), ponen de relieve la importancia de la actual situación de crisis.

La crisis de 1929 fue desencadenada por la quiebra de un pequeño banco austriaco, el Kreditanstalt, de Viena, y se extendió pronto como el incendio de un reguero de pólvora por todo el mundo, arrastrando en su caída a las principales instituciones financieras de Wall Street.

La actual crisis se inició y está produciendo su principal impacto en la misma Wall Street. Aunque sus efectos se dejan sentir en todo el mundo, es, ante todo, una crisis norteamericana. Existen ciertos elementos fundamentales que la prepararon, como la constante acumulación de déficit público de los Estados Unidos desde el acceso a la presidencia de George W. Bush en el año 2001 y la paralela secuencia de déficit en la balanza comercial norteamericana. El origen inmediato está, sin embargo, en el escándalo de las "hipotecas basura" (subprime, según el eufemismo financiero), créditos de baja fiabilidad y dudosa recuperación que fueron empaquetados y vendidos en los mercados financieros como si se trataran de valores seguros. La imposibilidad del cobro de estos valores artificiales produjo el colapso de importantes instituciones financieras, como Merryll Lynch y Lehman Brothers, mientras que otras como AIG, Farnie Mae y Freddy Mac, sólo han podido ser salvadas con la intervención del gobierno federal.

La reflexión sobre la Gran Depresión de 1929 presidió el espíritu de las conferencias celebradas entre las principales ponencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Hombres como el británico John Maynard Keynes y el norteamericano Henry Dexter White diseñaron en la Conferencia de Bretton Woods en 1944 un orden económico mundial dirigido a evitar que se repitiera la secuencia de crisis en cadena que caracterizó la Gran Depresión. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones financieras, como el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, han creado instrumentos para solventar este tipo de crisis. En el nivel político, las sucesivas reuniones de las principales potencias económicas que constituyen el Grupo de los Siete también se han preocupado de atajar o canalizar las distintas crisis que ha atravesado el sistema financiero mundial después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial.

En Europa, la debilidad institucional que hizo de nuestro continente la principal víctima de la depresión de 1929 ha sido corregida parcialmente. Hoy contamos con mecanismos supranacionales que no existían antes de la Segunda Guerra Mundial, como el sistema de la Unión Europea y, dentro de él, el ECOFIN o Comité Económico y Financiero, integrado por los 27 ministros de economía y finanzas de la Unión Europea, y el Eurogrupo, formado por esos mismos ministros de los quince países integrados en el Euro. El Banco Central Europeo, por su parte, cuenta con recursos propios que ha utilizado para solventar las crisis de liquidez bancaria que se han desatado en el último año. Una serie de comités de supervisión integrados por representantes gubernamentales vienen también vigilando el funcionamiento del sistema financiero y recomendando decisiones a los Estados miembros que eviten el efecto contagio de la crisis norteamericana.

Estos mecanismos de ámbito mundial y europeo, inexistentes en 1929, están funcionando razonablemente bien en la actual coyuntura económica mundial. Aunque no es posible evitar los efectos deflacionarios de la crisis norteamericana, las instituciones financieras europeas están resistiendo el embate de una forma que no era posible en 1929. El sistema institucional europeo y los mecanismos de supervisión y de apoyo financiero están impidiendo que el bajón económico se transforme en una crisis mundial y no hay razones para pensar que ésta no pueda ser contenida, a condición, claro está, de que otros actores intencionales importantes, como Japón, Canadá y los propios Estados Unidos, estén dispuestos a colaborar en el esfuerzo de recuperación. De hecho, así está ocurriendo a través de acciones concertadas, como las que han gestionado los principales bancos centrales para dotas de liquidez al sistema financiero mundial, antes incluso de que el Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos adopten las medidas urgentes de saneamiento financiero que exige la actual situación económica del país.

Europa ante las nuevas oleadas migratorias

La caída de la actividad económica originada por el escándalo de las "hipotecas basura" norteamericanas está produciendo efectos deletéreos en las economías de los países en desarrollo, con sus inevitables secuencias sociales. Si las presiones migratorias hacia los países en desarrollo eran fuertes en la época de expansión de la economía mundial, el parón económico ha multiplicado las presiones y los motivos para emigrar desde el tercer mundo hacia los países ricos.

Europa se ha convertido en el principal foco de atracción de estos movimientos migratorios, una vez que los Estados Unidos, muy afectados por su doble crisis inmobiliaria y financiera, están blindando el acceso al país en todas su fronteras, terrestres y marítimas.

Europa no ha optado por ese blindaje, en parte porque no es posible por el carácter abierto y la extensión de sus fronteras, y en parte también porque la economía y la sociedad europea siguen considerando necesaria la llegada de inmigrantes para dinamizar una sociedad envejecida por el aumento de la longevidad y el descenso de la natalidad.

Un buen ejemplo fue la reacción negativa de los medios de comunicación y de los sectores económicos a las declaraciones del ministro español Corbacho sobre la supresión de las contrataciones en origen. Ante el clamor de los sindicatos, empresarios y organizaciones humanitarias en favor de la contratación de inmigrantes, el gobierno tuvo que puntualizar que se continuaría con ese tipo de programas en la medida que resultara necesario.

Hay acuerdo, en todo caso, en el sentido de que la inmigración en Europa no puede dejarse en manos de la divina providencia y de que hay que establecer un marco regulador común. Una medida en este sentido ha sido la aprobación de la directiva sobre retorno de inmigrantes. Otras medidas están en trámite de ser acordadas, como las relativas a los mecanismos de integración de los inmigrantes.

Los instrumentos comunitarios existentes son, sin embargo, insuficientes. Faltan mecanismos de solidaridad que garanticen, por ejemplo, que la pequeña isla de Malta cargue por sí sola con miles de inmigrantes irregulares o que España tenga que asumir por su cuenta el coste de la atención a menores inmigrantes que no pueden ser devueltos a sus países de origen debido a las estrictas normas internacionales sobre protección de menores.

Las instituciones europeas deberán seguir profundizando en el tratamiento de la inmigración. Sin renunciar a los principios de humanidad y solidaridad que presiden nuestros sistemas constitucionales, Europa deberá unificar sus normas de acogida, devolución e integración de inmigrantes de forma solidaria, ya que se trata de un fenómeno que afecta al conjunto de la Unión Europea, tanto en los más patentes aspectos negativos como en los menos reconocidos pero no menos reales aspectos positivos de la inmigración. Un paso importante en este camino es el Pacto europeo por la inmigración presentado por la presidencia francesa de la Unión y aprobado en principio por todos los Estados miembros.

Inmigración y empleo

Los últimos días hemos asistido a una polémica sobre un tema que interesa al conjunto de la sociedad española: la política de empleo de inmigrantes en un momento de baja coyuntura económica.

Durante doce años, a partir de 1995 y hasta finales de 2007, la economía española, aprovechando una coyuntura internacional favorable, se caracterizó por alcanzar altos porcentajes de crecimiento con permanente creación de empleo. Esta larga etapa de desarrollo coincidió con un periodo prolongado de bajas tasas de natalidad en España. La combinación de ambos desarrollos produjo un fenómeno hasta hace poco tiempo desconocido para nuestra sociedad: la inmigración. La obligación de aceptar mano de obra europea en virtud de los Tratados de la Unión quedó pronto diluida ante una realidad mucho más amplia: la llegada a España de cinco millones de inmigrantes, de forma legal o ilegal, procedentes, algunos, de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea pero que, en su mayoría, venían de espacios geográficos o culturales más alejados, como la América latina, el Mundo árabe, el África al sur del Sahara e, incluso, el lejano continente asiático.

La desaceleración del ciclo económico que se viene produciendo en todo el mundo desde finales del año pasado ha llevado a un aumento importante del paro. En nuestro país hemos llegado a la cifra de dos millones y medio de parados, que representan aproximadamente al 10% de la población activa. Con este motivo, las objeciones formuladas por diversas formaciones políticas a la acogida de inmigrantes se han redoblado, y desde diferentes sectores se viene pidiendo que se establezcan nuevas limitaciones y controles a la llegada de inmigrantes.

Con respecto a la inmigración ilegal, el margen de maniobra es escaso pues los principios jurídicos y políticos están ya bien establecidos. Todo inmigrante que llegue al territorio español de forma ilegal o que, llegado legalmente, permanezca en él durante un tiempo que exceda el periodo para el que ha sido admitido, será expulsado de España. En la práctica, estos principios jurídicos tan claros no resultan de fácil aplicación. Los inmigrantes ilegales, transcurrido un cierto tiempo, echan raíces en la sociedad de acogida y su expulsión por la fuerza se convierte en un acto inhumano, difícil de aceptar por la propia sociedad de acogida. Esto llevó a los últimos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, a adoptar medidas de regularización masiva de los inmigrantes ilegales ya establecidos.

La crítica a las regularizaciones masivas y la necesidad de seguir insertando mano de obra inmigrante en nuestra economía llevaron a la formulación de una política diferente, positiva, de contratación en origen de los inmigrantes en función de las necesidades de mano de obra de nuestra economía.

Poco después de acordada esta política positiva de inmigración, se produjo la contracción económica que ha llevado a un aumento del paro. Es así como se abre de nuevo el debate sobre la conveniencia de seguir con una política positiva de contratación de inmigrantes en origen.

La respuesta no es fácil. Si, por un lado, parece lógico que la contracción del mercado de trabajo lleve a una reducción de la contratación en origen, por el otro, hay una serie de empleos que la sociedad española, incluso con un alto nivel de paro, no puede cubrir. El envejecimiento de la población y el aumento del nivel de vida de los españoles hacen que, aún en época de desaceleración económico, haya una serie de empleos que no llegan a cubrirse. Este es le caso de los trabajadores temporeros para la recolección agrícola o los de aquellos que han de cubrir actividades poco remuneradas o que incluyen condiciones muy duras. Si los españoles seguimos sin ocupar esos empleos, habrá que seguir recurriendo a la mano de obra inmigrante a pesar de la baja coyuntura económica.

Como siempre, la solución habrá que buscarla en un justo medio. No tiene sentido mantener ahora una política expansiva de contratación de inmigrantes en el exterior pero tampoco se puede cerrar totalmente la espita ya que importantes sectores económicos dependen todavía de esa mano de obra inmigrante para puestos de trabajo que no están dispuestos a cubrir los españoles, bien por el envejecimiento de la población, bien por el aumento de las expectativas de bienestar.