Los últimos días hemos asistido a una polémica sobre un tema que interesa al conjunto de la sociedad española: la política de empleo de inmigrantes en un momento de baja coyuntura económica.
Durante doce años, a partir de 1995 y hasta finales de 2007, la economía española, aprovechando una coyuntura internacional favorable, se caracterizó por alcanzar altos porcentajes de crecimiento con permanente creación de empleo. Esta larga etapa de desarrollo coincidió con un periodo prolongado de bajas tasas de natalidad en España. La combinación de ambos desarrollos produjo un fenómeno hasta hace poco tiempo desconocido para nuestra sociedad: la inmigración. La obligación de aceptar mano de obra europea en virtud de los Tratados de la Unión quedó pronto diluida ante una realidad mucho más amplia: la llegada a España de cinco millones de inmigrantes, de forma legal o ilegal, procedentes, algunos, de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea pero que, en su mayoría, venían de espacios geográficos o culturales más alejados, como la América latina, el Mundo árabe, el África al sur del Sahara e, incluso, el lejano continente asiático.
La desaceleración del ciclo económico que se viene produciendo en todo el mundo desde finales del año pasado ha llevado a un aumento importante del paro. En nuestro país hemos llegado a la cifra de dos millones y medio de parados, que representan aproximadamente al 10% de la población activa. Con este motivo, las objeciones formuladas por diversas formaciones políticas a la acogida de inmigrantes se han redoblado, y desde diferentes sectores se viene pidiendo que se establezcan nuevas limitaciones y controles a la llegada de inmigrantes.
Con respecto a la inmigración ilegal, el margen de maniobra es escaso pues los principios jurídicos y políticos están ya bien establecidos. Todo inmigrante que llegue al territorio español de forma ilegal o que, llegado legalmente, permanezca en él durante un tiempo que exceda el periodo para el que ha sido admitido, será expulsado de España. En la práctica, estos principios jurídicos tan claros no resultan de fácil aplicación. Los inmigrantes ilegales, transcurrido un cierto tiempo, echan raíces en la sociedad de acogida y su expulsión por la fuerza se convierte en un acto inhumano, difícil de aceptar por la propia sociedad de acogida. Esto llevó a los últimos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, a adoptar medidas de regularización masiva de los inmigrantes ilegales ya establecidos.
La crítica a las regularizaciones masivas y la necesidad de seguir insertando mano de obra inmigrante en nuestra economía llevaron a la formulación de una política diferente, positiva, de contratación en origen de los inmigrantes en función de las necesidades de mano de obra de nuestra economía.
Poco después de acordada esta política positiva de inmigración, se produjo la contracción económica que ha llevado a un aumento del paro. Es así como se abre de nuevo el debate sobre la conveniencia de seguir con una política positiva de contratación de inmigrantes en origen.
La respuesta no es fácil. Si, por un lado, parece lógico que la contracción del mercado de trabajo lleve a una reducción de la contratación en origen, por el otro, hay una serie de empleos que la sociedad española, incluso con un alto nivel de paro, no puede cubrir. El envejecimiento de la población y el aumento del nivel de vida de los españoles hacen que, aún en época de desaceleración económico, haya una serie de empleos que no llegan a cubrirse. Este es le caso de los trabajadores temporeros para la recolección agrícola o los de aquellos que han de cubrir actividades poco remuneradas o que incluyen condiciones muy duras. Si los españoles seguimos sin ocupar esos empleos, habrá que seguir recurriendo a la mano de obra inmigrante a pesar de la baja coyuntura económica.
Como siempre, la solución habrá que buscarla en un justo medio. No tiene sentido mantener ahora una política expansiva de contratación de inmigrantes en el exterior pero tampoco se puede cerrar totalmente la espita ya que importantes sectores económicos dependen todavía de esa mano de obra inmigrante para puestos de trabajo que no están dispuestos a cubrir los españoles, bien por el envejecimiento de la población, bien por el aumento de las expectativas de bienestar.
